Adopción de medidas de apoyo judiciales: Tramitación de curatela en España tras la Ley 8/2021 (antigua incapacitación)

No. La necesidad de acudir al juzgado o no dependerá de las necesidades de la persona con falta de capacidad.

La curatela se aplica para proteger y ayudar a personas con dificultades para tomar decisiones por sí mismas debido a discapacidad, enfermedad o edad avanzada. Algunos ejemplos concretos son:

• Persona con Alzheimer avanzado:
  Una persona con Alzheimer en fase avanzada que necesita que alguien gestione su patrimonio, tome decisiones médicas importantes y administre su residencia o cuidados diarios.

• Persona con discapacidad intelectual severa:
  Alguien que tiene limitada su capacidad para entender y decidir sobre asuntos legales o económicos, necesitando un curador que actúe en su representación.

• Paciente con enfermedad neurodegenerativa progresiva:
  Por ejemplo, una persona con Parkinson en fase muy avanzada que ya no puede gestionar sus cuentas bancarias ni decisiones complejas.

• Adulto mayor sin familiares cercanos:
  Que requiere un curador para proteger su patrimonio, autorizar tratamientos médicos o resolver asuntos burocráticos y legales.

• Persona con discapacidad psíquica que necesita apoyo puntual:
  Para ciertos actos como firmar contratos importantes o administrar bienes, aunque mantenga autonomía para decisiones básicas o diarias.

La curatela implica una responsabilidad legal para quien es nombrado curador. Sus obligaciones principales incluyen:

• Actuar siempre en beneficio de la persona con discapacidad o incapacidad, respetando su voluntad, deseos y preferencias en la medida de lo posible.

• Asistir y apoyar en la toma de decisiones, fomentando la autonomía personal para que la persona pueda ejercerlo siempre que pueda.

• Gestionar con diligencia el patrimonio y las finanzas de la persona protegida, cuidando de sus bienes y evitando cualquier perjuicio económico.

• Rendir cuentas periódicamente ante el juez o la autoridad competente sobre la administración realizada y el bienestar del representado.

• Mantener contacto personal y comunicación constante con la persona bajo curatela para conocer sus necesidades y circunstancias.

• Solicitar autorización judicial para actos de especial relevancia o que impliquen riesgos para la persona protegida, como vender inmuebles, aceptar herencias o hacer donaciones.

• Proteger los derechos y la dignidad del representado, evitando cualquier abuso o aprovechamiento.

• Cumplir con la legislación vigente y seguir las directrices establecidas por el juez en la resolución de curatela.

Estas obligaciones buscan asegurar que la curatela sea un mecanismo efectivo de protección y apoyo para las personas que no pueden ejercer plenamente su capacidad jurídica.

La curatela se tramita generalmente a través de un procedimiento judicial ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde reside la persona que necesita la medida de apoyo.

No es obligatorio, pero sí es aconsejable contar con asesoramiento legal para tramitar este expediente.

En España, la curatela se adapta a las necesidades específicas de cada persona y puede clasificarse principalmente en estos tipos:

• Curatela asistencial:
  Se establece para personas que necesitan apoyo o acompañamiento en algunos aspectos de su vida, pero que conservan capacidad para tomar sus propias decisiones. El curador actúa como un consejero o asistente, apoyando en temas como la salud, finanzas o gestión del patrimonio, pero la persona es quien decide finalmente.

• Curatela representativa:
  Se aplica cuando la persona no puede tomar decisiones por sí misma ni expresarlas claramente. El curador actúa en su nombre, representándola tanto en aspectos personales como patrimoniales, siempre respetando la voluntad y deseos del representado en la medida de lo posible. Es un apoyo más amplio y restrictivo que la asistencial.